La Directiva 26-12 del DOJ establece criterios para que los fiscales federales prioricen casos de fraude al comercio internacional, con énfasis en la evasión de aranceles, la subfacturación y las declaraciones falsas de clasificación arancelaria. Los factores de enjuiciamiento descritos en el documento encajan con conductas como la subvaluación en pedimentos, el triangulado de origen para eludir medidas antidumping y la falsificación de certificados de origen. La directiva se suma a la Iniciativa de Aplicación de la Ley sobre Trabajo Forzado que la CBP ha intensificado en 2026 con las WRO sobre aceite de palma indonesio y acciones previas sobre textiles.
Para importadores y exportadores mexicanos, la Directiva 26-12 refuerza el riesgo de exposición penal en operaciones con Estados Unidos donde existan discrepancias documentales o esquemas de clasificación cuestionables. La medida se aplica en coordinación con la CBP y con la Sección de Fraude del DOJ, que ya procesó casos de evasión arancelaria relacionados con acero y aluminio en 2025. Firmas de cumplimiento advierten que el patrón de enjuiciamiento priorizado eleva significativamente el costo de la no conformidad frente a niveles previos.