Royal Canadian Steel Inc. y Farjess Inc. (con sede en Canadá) y su copropietario y presidente Feroz Jessani
Que ocurrio
El 20 de mayo de 2026 el DOJ anunció que dos empresas siderúrgicas con sede en Canadá y su copropietario acordaron pagar US$19 millones para resolver alegaciones de fraude aduanero. Según el DOJ, entre mayo de 2019 y enero de 2025 declararon que ciertos productos de acero laminado plano se originaban en Canadá o Estados Unidos, cuando presuntamente sabían que procedían de China, Indonesia, Italia, Turquía o Vietnam, y por ello dejaron de pagar los derechos correspondientes ante CBP. El caso partió de una demanda presentada por un corredor bajo las disposiciones de denunciante (qui tam) de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Que salio mal
La declaración de origen sobre la documentación de entrada presentada a CBP no reflejaba la fabricación real del acero. Al declarar origen Canadá o EE.UU. sobre acero manufacturado en Europa y Asia, la mercancía eludió derechos aplicables (incluidos los de Sección 232 sobre acero). El esquema operó de forma sostenida durante casi seis años, generando un patrón documentable de entradas que un tercero con conocimiento del sector pudo rastrear y denunciar.
- Verifique el país de origen real de fabricación antes de declararlo: el origen legal para efectos de derechos no siempre coincide con el último país de embarque o la sede del proveedor.
- El acero laminado plano puede estar sujeto a derechos antidumping, compensatorios y de Sección 232 según origen; confirme la clasificación y el régimen arancelario por cada entrada.
- Un patrón de entradas repetidas con origen incorrecto multiplica la exposición: la Ley de Reclamaciones Falsas permite daños triples más sanciones civiles que pueden fijarse por cada entrada.
- Documente y conserve certificados de origen, facturas del fabricante y trazabilidad de la cadena; un tercero (corredor, competidor o exempleado) puede activar una demanda qui tam.
- Ante una posible inconsistencia detectada, evalúe la divulgación voluntaria previa (prior disclosure) con asesoría legal antes de que la autoridad o un denunciante actúe.