Ceratizit USA, LLC (distribuidor de productos de carburo de tungsteno con sede en South Carolina; caso United States ex rel. Stover v. Ceratizit USA, No. 2:22-cv-12291, E.D. Mich.)
Que ocurrio
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció un acuerdo de USD 54.4 millones con Ceratizit USA para resolver acusaciones bajo la False Claims Act por evadir aranceles sobre barras de carburo de tungsteno importadas de China. El gobierno sostuvo que la empresa declaró Taiwán como país de origen de mercancía fabricada en China, transbordándola por Taiwán para evitar los aranceles Sección 301 de 25%. El caso nació de una demanda qui tam presentada en 2022 por un delator descrito como participante de largo plazo de la industria metalmecánica; recibió cerca de USD 9.75 millones.
Que salio mal
El esquema se apoyó en tres capas: falso país de origen por transbordo vía Taiwán (agosto 2020 a marzo 2024), clasificación arancelaria incorrecta en el HTS para reducir a cero la tasa aplicable (desde mayo/junio 2015), y falta de marcado de origen con impago de marking duties. El patrón de importación no cuadraba con la realidad económica: la casa matriz había trasladado la mayor parte de su manufactura a China entre 1999 y 2003, dato que el delator contrastó contra los registros de importación.
- El transbordo por un tercer país no borra el origen: si la manufactura real es china, la mercancía queda sujeta a Sección 301 y a marking duties, sin importar el puerto de embarque intermedio.
- La clasificación HTS es materia de auditoría penal-civil: un código que lleva la tasa a cero es la primera bandera roja que revisa CBP y el DOJ.
- El riesgo lo activa alguien de adentro o un competidor: el delator era experto del sector y contrastó datos públicos de importación contra la capacidad instalada; recompensas de 15%-30% incentivan estas denuncias.
- La conducta histórica no prescribe con el tiempo: las acusaciones alcanzaron hasta 2015, casi una década de operaciones bajo escrutinio.
- El acuerdo civil no cierra la vía penal: el DOJ reservó expresamente el derecho a perseguir cargos criminales por la misma conducta.