La propuesta extiende la potestad de la Administración Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aplicar embargo precautorio a mercancías cuyo valor declarado en pedimento sea detectado como artificialmente inferior al valor de transacción real, sin necesidad de superar un monto mínimo como ocurría en el esquema previo. Las sanciones contempladas se amplían y endurecen respecto al marco vigente, según la misma fuente.
La iniciativa da continuidad al decreto de noviembre de 2025 que modificó más de 60 artículos de la Ley Aduanera e incorporó obligaciones de transmisión electrónica del valor en aduana a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM). La reforma 2025 ya había reforzado la facultad del SAT para aplicar herramientas tecnológicas de trazabilidad de carga y auditorías post-despacho, reduciendo la dependencia de inspecciones físicas manuales.