La denuncia señala posibles delitos contra la Administración Pública relacionados con el contrato que otorgó y prorrogó la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. La Contraloría entregó documentación al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales. PPC salió de los puertos en febrero de 2026, un mes después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucionales tanto la concesión original de 1997 como la prórroga automática de 2021.

La disputa legal ha escalado en múltiples frentes: CK Hutchison y PPC mantienen procedimientos arbitrales internacionales independientes contra el Estado panameño que suman 3,500 millones de dólares en reclamaciones. Paralelamente, la controversia complica la operación anunciada por CK Hutchison para vender una participación mayoritaria en su negocio portuario global a un consorcio encabezado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC). CK Hutchison ha refutado las acusaciones de incumplimiento de pago y señala grandes inversiones realizadas en la infraestructura durante la vigencia del contrato.