Las dos terminales tienen un costo estimado de B/.2,600 millones (aproximadamente US$2,600 millones), un plazo de construcción de tres años y una capacidad combinada que elevaría la capacidad de manejo de contenedores de Panamá de aproximadamente 9.5 millones a cerca de 15 millones de TEU anuales. La ACP estableció un umbral de habilitación técnica exigente: los postulantes deben acreditar ocho años de experiencia operativa, seis terminales gestionadas en el último año y seis millones de TEU manejados en el ejercicio más reciente. Una regla adicional impide que un solo operador obtenga ambas terminales y el corredor energético en proceso simultáneo, medida diseñada para evitar concentración de control.
El cierre de la precalificación es el primer filtro real de un proceso que ganó atención geopolítica después de que la Corte Suprema de Panamá bloqueara la venta de los puertos de Balboa y Cristóbal a un consorcio integrado por Mediterranean Shipping Company (MSC) y el fondo BlackRock. La ACP declaró que la iniciativa Corozal-Telfers avanza de forma independiente y que el objetivo central es fortalecer el rol de Panamá como hub de transbordo ante corredores alternativos en México, Colombia y Brasil que compiten por la misma carga.