El ZFG contempla la habilitación de tecnologías como el cruce de datos biométricos con información pública de internet, el uso de drones, el bloqueo de comunicaciones digitales de sospechosos y el análisis automatizado de datos mediante inteligencia artificial. La ley también introduce la 'administrative Vermögensabschöpfung' —confiscación administrativa de bienes— que permite asegurar activos cuando existen dudas fundadas sobre su origen lícito, sin necesidad de una sentencia penal previa. El ministro de Finanzas Lars Klingbeil declaró, según la Bundesregierung: 'si los sospechosos no pueden demostrar que adquirieron sus bienes de manera legal, el Porsche o el Rolex se van primero'. La norma deriva del Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada acordado en febrero de 2026 por el BMF, el Bundesministerium des Innern y el Bundesministerium der Justiz.
Desde la perspectiva del comercio exterior, la ley fortalece el control de transferencias digitales transfronterizas, habilita el aseguramiento de criptoactivos y reorganiza la Generalzolldirektion (Dirección General de Aduanas) para reducir duplicidades y concentrar las capacidades de inteligencia financiera. Para los operadores que comercian con Alemania, el ZFG implica que cualquier envío que active alertas de valoración, origen o lavado de activos puede quedar sujeto a medidas cautelares sobre la mercancía o los fondos vinculados, incluso antes de que un juez emita resolución. El proyecto pasa ahora al Bundestag para su tramitación legislativa.